Las licitaciones de concesiones para el uso de frecuencias para servicios móviles de banda ancha se espera sean un éxito de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Independientemente de los escándalos como aquel de las prórrogas a Unefon autorizadas por el actual Secretario del Trabajo, Javier Lozano, cuando era presidente de Cofetel y que al finalizar los litigios le pueden costar a todos los mexicanos más de 3,000 millones de pesos (Revista etcetera), la historia de las licitaciones ha mostrado el camino tortuoso que éstas son por los litigios de los que buscan evitar tener más competencia y también de aquellos que han ofrecido pagar cierta contraprestación al gobierno federal y después la impugnan judicialmente.
Para poder participar en la licitación es requisito adquirir las bases de licitación. La Cofetel anunció que 49 personas habían adquirido las bases de la frecuencia 1.7 GHz y 44 la de 1.9 GHz. Cofetel explicó “que espera que el proceso sea exitoso debido a que el alto precio de las bases (20 mil pesos) garantiza que los interesados que las han adquirido tienen una meta firme de poder participar en el proceso” (Excélsior). Sin contar que dicha explicación refleja que el derecho a saber de los mexicanos de los términos en que se licitará un bien de dominio de la Nación sólo estaría limitado a aquellos que tengan recursos económicos, el número de adquirentes de las bases más que una garantía de participación en el proceso como lo expone Cofetel, puede ser el primer paso para justificar el interés jurídico en los litigios que se avecinan.
¿Por qué un grupo corporativo adquirió 12 bases de licitación a través de sus diferentes empresas? ¿Les sobra el dinero y/o no existe coordinación entre ellas o participarán algunas de esas empresas y otras litigarán? No deja de llamar la atención que Grupo Salinas haya adquirido de ambas licitaciones 12 bases a través de empresas que conforme a la Comisión Federal de Competencia deben considerarse como un solo agente económico como es el caso de Iusacell PCS de México, Iusacell PCS, Comunicaciones Celulares de Occidente, Operadora Unefón, Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, Portatel del Sureste, Telecomunicaciones del Golfo y SOS de Telecomunicaciones. Recuérdese que en las últimas licitaciones de este tipo que iniciaron en 2004, entre otras empresas, Iusacell PCS, Comunicaciones Celulares de Occidente y Operadora Unefón promovieron amparos en contra del programa de licitación.
En las anteriores licitaciones el mecanismo para seleccionar al ganador de la licitación fue el de seguir una subasta simultánea ascendente como se ha hecho en EUA. El principio subyacente es que aquél que estuviera dispuesto a pagar el precio más alto, sería aquél que pretendiera darle un mejor uso al espectro. Sin embargo, en la práctica se ha dado que algunos operadores adquieren más espectro no por una necesidad en cuanto al número de usuarios o de los servicios de banda ancha que están proveyendo, sino como una manera de limitar la entrada de nuevos competidores y de artificialmente hacer escaso el espectro como una práctica anticompetitiva.
En estas licitaciones los criterios para seleccionar a los ganadores serán ecónmicos y no económicos. El establecer criterios no económicos ha sido realizado en otros países. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo se realizará la evaluación de los criterios no económicos y cuánto margen de discrecionalidad habrá? Este asunto es delicado porque cuando el criterio para seleccionar al ganador es económico, es fácil determinar quién fue el que ofreció la puja más alta. En cambio, en un proceso de licitación excluido del escrutinio público mientras se lleva a cabo el mismo, ¿cómo garantizar a la ciudadanía que el proceso es íntegro, transparente y que el ganador fue aquél que lo merecía?
Con todos los pormenores y cuestionamientos que puedan haber, las licitaciones han comenzado lo cual es una excelente noticia. El éxito de éstas podrá beneficiar al país con más competencia, mejores servicios, mayor cobertura y –esperemos- menores precios.
